En Tamaulipas, promover, respetar y proteger los derechos humanos es un compromiso desde el primer día de esta administración, aseguró el gobernador Américo Villarreal Anaya, quien afirmó que se enfrentará de manera decidida el rezago heredado por un gobierno que hizo caso omiso y provocó una ruptura institucional en la relación entre Estado y Federación.
“Tamaulipas comparte con el gobierno de México la responsabilidad de dar plena vigencia a los derechos humanos, garantizar para todas y todos su protección y salvaguarda conforme a los mecanismos internacionales, la legislación mexicana y los ordenamientos locales”, dijo.
Al presidir la reunión institucional con el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, el gobernador Villarreal Anaya se fijó un plazo de un año para dar resultados y para elaborar y fortalecer una agenda común con el Gobierno Federal en materia de defensa, protección y garantía de los derechos humanos.
“A nosotros nos gusta dar resultados, no somos gente que nos gusta estar a media tabla, ni al final de la lista, nos gusta estar en los primeros lugares”, afirmó.
En el evento en el Salón Independencia, en donde estuvo acompañado por la presidenta del DIF Tamaulipas, María de Villarreal, el gobernador del Estado aseguró que hacer que los derechos humanos en Tamaulipas prevalezcan, es un compromiso y es una forma de estar completamente comprometidos con la visión de país que busca el presidente Andrés Manuel López Obrador.
“Sostenemos nuestras decisiones y nuestra conducta en principios humanistas, visión que se sostiene principalmente en la universalidad de los derechos humanos alineados al pensamiento social que han impulsado las grandes transformaciones y que sustenta al humanismo mexicano”, expresó.
En la reunión también participaron Enrique Irazoque Palazuelos, titular de la Unidad de Defensa de los Derechos Humanos; Karla Quintana Osuna, Comisionada Nacional de Búsqueda de Personas; Fabiola Alanís Sámano, Comisionada Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contras las Mujeres, además de funcionarios del gobierno del Estado.
