Investigación Especial
Alberto González Káram
• Garantizar seguridad energética y tarifas de luz se podrán mantener a precio por debajo de inflación al generar 65 por ciento de generación de energía eléctrica a finales de 2024
• Evitar cuantiosa evasión de costo del porteo, captación de incentivos y concentración de estímulos fiscales orientados a beneficiar 46.2 millones de usuarios de energía eléctrica
El Gobierno de la República, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), adquirió 13 plantas de generación de energía eléctrica a la empresa Iberdrola, con un costo estimado de 5 mil 943 millones de dólares que serán cubiertos con recursos disponibles del Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN) sin necesidad de recurrir al endeudamiento externo, a fin de aumentar la capacidad de generación de 39.6 por ciento a 55.5 por ciento de toda la energía del país y en la región noreste, su participación pasará de 6.7 a 44.8 por ciento, a la que se sumarán las plantas en construcción y rehabilitación de hidroeléctricas para alcanzar una meta pública del 65 por ciento de toda la generación de energía eléctrica a finales de 2024, lo que permitirá mantener las tarifas eléctricas y garantizando el servicio público a todos los mexicanos.
La operación se encuentra debidamente fundamentada en la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al reconocer la constitucionalidad de diversos artículos que definen los contratos de cobertura eléctrica, donde se establece que las acciones de inconstitucionalidad sólo se pueden hacer valer por violaciones directas a la Constitución General y Derechos Humanos reconocidos en tratados internacionales, por lo que las normas impugnadas no pueden ser analizadas en el Tratado Integral Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT) integrado por México, Japón, Canadá, Singapur, Australia, Nueva Zelanda, Vietnam y Perú, ni en el Tratado de Libre Comercio entre México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC).
En cuanto a la materia ambiental, se cumple con el artículo 4° Constitucional y los compromisos internacionales en la Convención Marco de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre Cambio Climático y el Acuerdo de París, materializados en la Ley General de Cambio Climático, que lo vinculan a reducir la emisión de gases efecto invernadero, mediante la sustitución de energías de fuentes fósiles por renovables.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reconoció la validez de revocar permisos obtenidos en fraude a la ley, así como revisar, renegociar o terminar contratos suscritos con productores independientes, estimando que no transgreden los principios de irretroactividad y seguridad jurídica, por no existir derechos adquiridos en aspectos relacionados con el orden público y ser lo suficientemente precisos, cuya constitucionalidad en la operación de compra a Iberdrola por parte del Gobierno de la República, se encuentra debidamente sustentado en el siguiente decálogo:
1. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) generará el 65 por ciento y los privados el 35 por ciento para garantizar a todos los mexicanos seguridad energética y las tarifas de la luz se podrán mantener a un precio por debajo de la inflación
2. Eliminar las modalidades ilegales de generación privada y en el 35 por ciento de producción despachada diariamente, se tenga una auténtica competencia, justa y pareja reconociendo los costos de producción y mantener armonía en el mercado del Sistema Eléctrico Nacional
3. Vender la electricidad producida por la CFE para obtener mayores ingresos, garantizando a los 46.2 millones de usuarios energía constante las 24 horas a precios bajos
4. Generar el despacho a futuro que privilegié a las energía limpias para reducir la contaminación y afectación de la salud de los mexicanos, en el siguiente orden de prioridades: Hidroeléctrica, Nuclear, Geotérmica, Gas-CFE, Térmica-CFE, Eólica, Solar, Gas de Privados y Carbón
5. Evitar el otorgamiento indiscriminado de permisos de generación, debido que la red eléctrica tiene una demanda proyectada para todo el país de 52,500 MW y en las Administraciones Federales anteriores se otorgaron permisos por 134,372 MW con una excesiva corrupción y son utilizados con fines especulativos en el mercado bursátil
6. Aumentar la capacidad de 191 Centrales de Generación que operan en promedio al 55 por ciento y 69 son energías limpias: Hidráulicas, Geotérmicas, Nuclear, Eólica y Solar, a fin de evitar la compra de 90 TWh en el mercado eléctrico por 223 mil millones de pesos con recursos públicos federales, mientras que el 45 por ciento de sus plantas subutilizadas no generaron ingresos públicos por 215 mil millones de pesos, siendo manipulado el despacho primero a los privados y la CFE les paga el precio más alto por contar con contratos firmados en las administración federales anteriores que continúan vigentes y se convierte en un mercado altamente dependiente de empresas extranjeras que operan en territorio nacional y utilizan sin costos de porteo la totalidad de las infraestructura pública de la CFE
7. Continuar negociando los contratos restantes suscritos con privados extranjeros y nacionales desde 2014 y 2018, en los cuales se obliga a comprar energía eólica y solar por parte de la CFE pagando durante 20 años el precio más alto del mercado hasta 2034 y 2038, cuyos proyectos fueron financiados por la Banca de Desarrollo (Bancomext y Nafin) sin contar a la fecha con inversiones extranjeras directas; y en las 34 centrales privadas se cuenta con contratos donde la CFE está obligada a comprar su energía por 25 años aunque le entreguen menos, el excedente lo revendan en otro modelo ilegal llamado de autoabasto y al final las centrales quedarán en manos de los privados en 2043
8. Regular y controlar las Sociedades de Autoabasto que se autorizaron permisos en el período 2013-1018 para que grandes empresas produzcan su propia electricidad, resultando prácticas ilegales y creando un mercado paralelo donde simularon estos permisionarios tener socios de un dólar y empezaron a vender electricidad, utilizando las líneas de transmisión de la CFE e incurriendo en fraude fiscal, contando actualmente con registro de 239 centrales de autoabasto y en lugar de existir 239 autobeneficiados se cuenta con 77 mil 767 consumidores, cuando estas centrales no cuentan con el permiso autorizado de suministro básico, dentro de estas centrales de autoabasto están grandes empresas como: CEMEX, BIMBO, ALSEA, FEMSA, OXXO, WALMART, MOVISTAR, GRUPO SALINAS, BBVA BANCOMER, TELMEX, TELCEL, 7-ELEVEN, FARMACIAS GUADALAJARA, FARMACIAS DEL AHORRO, HSBC, TIENDAS SORIANA, BANAMEX, TIENDAS CHEDRAUI, CINEMEX, DEPORTES MARTÍ, SANBORNS, SEARS DE MÉXICO, CINÉPOLIS, TECNOLÓGICO DE MONTERREY, INFRA, GENERAL MOTORS y KIMBERLY-CLARK, entre muchas otras, siendo beneficiadas al evitar y evadir el cobro del costo real del transporte o porteo de la energía eléctrica al ser grandes consumidores, se interconectan en la red de la CFE creando inestabilidad, pérdida de confiabilidad en el sistema y captan incentivos como concentran los estímulos fiscales federales que se orientan a beneficiar a los 46.2 millones de usuarios energía eléctrica
9. Incrementar los márgenes actuales en energías limpias de 28.6 por ciento a los compromisos internacionales del 35.0 por ciento al 2024, impulsando la generación distribuida en hogares, escuelas, edificios, pozos de riego, núcleos rurales, entre otros, a través de la utilización sustentable de todas las fuentes de energía de las que dispone la Nación, donde se beneficiará directamente al usuario para el apoyo de la economía familiar y lograr la transición energética en materia de electricidad
10. Mantener el Litio como mineral estratégico a futuro del Sistema Eléctrico Nacional, siendo emitido el decreto que declara de utilidad pública al litio, evitando el otorgamiento de concesiones, licencias, contratos, permisos o autorizaciones en la materia y señala que serán consideradas zonas de reserva minera aquéllas en que haya yacimientos de litio. La exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento del litio quedan exclusivamente a cargo del Estado, y se llevarán a cabo por el organismo público descentralizado Litio para México (LitioMx), con el objetivo de garantizar la soberanía energética de la Nación sobre el litio y demás minerales que resulten estratégicos y necesarios para la transición energética, innovación tecnológica y desarrollo nacional.
Las intervenciones económicas anteriores, se sustentan y fundamentan en la Resolución de la Controversia Constitucional 64/2021 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), misma que ratifica a la energía eléctrica como un bien constitucionalmente protegido y servicio público de primera importancia, reconoce los contratos de cobertura eléctrica, contratos de cobertura eléctrica con compromiso de entrega física y contratos legado para el suministro básico, establece el requisito de factibilidad técnica para el acceso a las redes, prevé la posibilidad de que diversos participantes se agrupen para realizar obras, ampliaciones o modificaciones, necesarias para la conexión e interconexión, y señala criterios para determinar la asignación y despacho a fin de satisfacer la demanda de energía eléctrica en beneficio de la mayoría de los mexicanos.
