Tamaulipas: la privatización silenciosa
José Ángel Solorio Martínez
El sistema educativo público tamaulipeco, ha venido transformándose silenciosamente en un negocio de particulares. A saber, varias pandillas se han entronizado en sus vísceras: asociaciones de padres de familia, directivos deshonestamente voraces, y un entramado de intereses en donde participan algunos representantes de maestros y hasta ciertos funcionarios públicos.
Efectivamente: la privatización de la enseñanza -sueño de los neoliberales, que AMLO echó atrás-, cada día se ensancha más en la región.
Desde la educación preescolar, pasando por la básica hasta llevar a la media y superior, pululan las malas prácticas de cuotas -verdaderos atracos- bajo el argumento de las mejoras que requiere la estructura escolar.
¿Y la IV T?
¿Y la auténtica organización de paterfamilias?
¿Y el presupuesto gubernamental para el equipamiento de los espacios educativos?
Y la autoridad educativa.
Los directivos escolares y los padres de familia -hay excepciones, muy excepcionales- siguen repartiéndose las estratosféricas cuotas sin que se note un incremento en los estándares de calidad del espacio áulico.
Las quejas, aún son desarticuladas y focalizadas.
Las voces que denuncian esos abusos de autoridad, han sido silenciadas, o por las reprimendas contra los alumnos, o ante el amago de no aceptar a los escolapios en esos abusivos establecimientos de educación cada vez menos pública y cada vez más privada.
Ejemplo de esa rapiña, es el sistema CONALEP.
En Reynosa, Tamaulipas, -denuncia del periodista, Willy Guzmán- esos planteles cobran dos mil quinientos pesos de inscripción y 500 para la escuela; a esa erogación los padres de familia, deben sumar otros tantos centenares de pesos para la compra del uniforme.
En primarias de ciudad Mante, padres de familia denuncian que es inaceptable los cobros por la inscripción de sus niños -mil pesos-, a lo que los directores de los planteles le incorporan varios litros de pintura para arreglar las instalaciones.
Otra más: en algunos planteles educativos, se ha decretado -así, nomás por sus pistolas- el cambio de uniforme. Es probable, que no lo sepan -ellos viven, en un mundo fantasiosamente feliz- los directivos y funcionarios de la SEP: muchas familias reciclan, los uniformes que van de hijos mayores a hijos menores.
La catástrofe generada por esos malos educadores, en complicidad con nefastos padres de familia, será de penosas consecuencias: hace prohibitivo el derecho a educarse, de cientos -quizá miles- de niños y jóvenes, quiénes junto a sus padres, tienen fe en que los conocimientos sea una palanca para el ascenso social.
No es cualquier cosa, el desmadre que está provocando esa repugnante práctica de cobrar por un servicio público, que en teoría el Estado debe garantizar con gratuidad. Sin exagerar: podríamos estar viendo un genocidio cultural.
Es cuestión de salir a la calle.
Preguntar, al ciudadano de a pie, en estos días previos al inicio del ciclo escolar, si se siente con capacidad para cubrir las exigencias de la escuela pública y sus gerentes, en el rubro de útiles escolares y cuotas que nadie sabe a dónde van.
En años pasados, la infraestructura escolar con mayores deficiencias se ubicaba en los municipios más deprimidos; sobre todo, aquellos que formaban parte del IV Distrito. Hoy, esa calamidad, ha llegado a escuelas instaladas en las zonas urbanas. Ese olvido oficial, no justifica la actitud depredadora de los administradores de las escuelas públicas.
¿Esos degradados directivos de la escuela pública -y sus socios-, tendrán algún remordimiento cuando vean crecer las estadísticas de la deserción escolar en la región?
¿Esos miserables privatizadores de la educación, lograrán entender que esas decenas o centenas de rechazados, podrían engrosar el ejército de reserva del CO?
