Investigación Especial
Lic. Alberto González Káram
• Gobiernos de los estados con contratación creciente de deuda pública para financiar sus gastos por un cuantioso monto de 664 mil 353.71 millones de pesos en 2022
• Garantizado pagos de deudas estatales por un monto de 488 mil 299.97 millones de pesos con una dependencia del 73.5 por ciento de las Participaciones Federales a futuro
Los gobiernos de los estados y sus municipios han venido incurriendo en la creciente contratación de deuda pública por un cuantioso monto de 664 mil 353.71 millones de pesos con vigencia durante el período 2022-2044 y representan una alta dependencia de garantía en sus pagos de las participaciones y aportaciones federales que recibirán en el presente y futuro.
La deuda pública en las administraciones públicas estatales se encuentra contratada conforme a las propias legislaciones locales y autorizada por sus respectivos Congresos de los Estados y de acuerdo a los límites establecidos anualmente en la Ley de Ingresos de cada una de las entidades federativas del país.
El creciente endeudamiento en los gobiernos estatales se encuentra garantizado en los contratos por un monto de 488 mil 299.97 millones de pesos en las transferencias que recibirán del gobierno federal, representando una dependencia del 73.5 por ciento de las Participaciones Federales que demuestra y comprueba plenamente la insolvencia del pago con sus ingresos propios que son decrecientes.
El destino improductivo del endeudamiento estatal afecta la inversión, producción, empleo, ingresos, salarios, así como los niveles de vida y bienestar social de la mayoría de la población de sus propias entidades.
En la medida que aumenta la deuda pública de los Gobiernos Estatales se reducen las inversiones productivas; obras públicas; equipo e instrumental médico; mobiliario y equipo educativo; reparación, conservación y mantenimiento; ayudas sociales; subsidios a la producción, inversión y vivienda; servicios profesionales, científicos y tecnológicos; materiales de construcción y reparación, entre muchos otros.
Las transferencias federales a las 32 entidades federativas y municipios que constituyen su principal fuente de ingresos y son fundamentales para financiar sus estrategias y programas de desarrollo, ascienden a un cuantioso monto total de 7 billones 522 mil 748.78 millones de pesos y equivalen a una transferencia promedio de 5 mil 495.07 millones de pesos diarios, mismos que permitieron contribuir en el rescate de los gobiernos de los estados y sus municipios durante la actual administración pública federal, superando a los registrados en los últimos 36 años por las administraciones de Miguel de la Madrid Hurtado, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quezada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto.
Los cuantiosos recursos federales que fueron transferidos a los gobiernos de estados y municipios ascendieron a una cantidad de 3 billones 454 mil 855.38 millones de pesos de Participaciones Federales que concentran la primera posición con el 45.93 por ciento del total entregado por la propia Tesorería de la Federación (TESOFE).
La segunda fuente de recursos federalizados que se han entregado a los gobiernos de los estados y municipios son por concepto de Aportaciones Federales que ascendieron a 3 billones 072 mil 972.63 millones de pesos con una contribución del 40.85 por ciento del total autorizado, incluyendo al Ramo 25 Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos.
En la tercera posición se encuentran los convenios de coordinación fiscal con los gobiernos de los estados y municipios por un monto de 571 mil 214.87 millones de pesos que participan con el 7.59 por ciento del monto total.
La cuarta posición le corresponde al gasto federalizado por subsidios que asciende a una cantidad de 423 mil 705.91 millones de pesos del monto total y representan el 5.63 por ciento, incluyendo los recursos ministrados al Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF), al Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES), así como el resto de subsidios entregados a entidades federativas y municipios a través del Ramo Provisiones Salariales y Económicas (Ramo 23) y otros ramos de la Administración Pública Centralizada, que se destinan para apoyar el desarrollo regional, conforme a lo establecido en las disposiciones jurídicas aplicables y se ejercen de acuerdo a lo señalado en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Las prioridades del actual Gobierno Federal en México se orientan a proteger los grupos más vulnerables que son los adultos mayores, indígenas, los sectores de bajos ingresos y más pobres, especialmente a los niños y niñas con discapacidades, jóvenes y mujeres por su doble función de trabajadoras y madres de las familias mexicanas, siendo autorizado un cuantioso monto de 2 billones 108.9 mil millones de pesos de transferencias federales a las entidades federativas con un crecimiento real anual de 4.7 por ciento, de los cuales 1 billón 019.5 mil millones de pesos en el Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios con incremento real del 6.7 por ciento;890.5 mil millones de pesos en el Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios con aumento real del 2.7 por ciento y 3.9 por ciento con 198.8 mil millones de pesos en otros conceptos para el presente ejercicio fiscal del 2022.
La fiscalización del gasto federalizado incluye a las transferencias de recursos del Gobierno Federal a las 32 entidades federativas y 2 mil 453 municipios por un cuantioso monto de 7 billones 522 mil 748.78 millones de pesos que fueron transferidos por la Tesorería de la Federación (TESOFE) a las cuentas de cheques a nombre de los Gobiernos de los Estados y Ayuntamientos que equivalen de 5 mil 495.07 millones de pesos diariamente, mismos que deben demostrar y comprobar plenamente el adecuado, correcto y oportuno ejercicio del gasto público federal transferido a más tardar el próximo 31 de marzo del 2023.
Los gobiernos de los estados y sus municipios registran una cuantiosa deuda pública por un saldo de 664 mil 353.71 millones de pesos en el siguiente orden de importancia por entidad federativa: 1. Ciudad de México 94,474.19, 2. Nuevo León 87,070.42, 3. Estado de México 59,185.28, 4. Chihuahua 51,890.69, 5. Veracruz 46,074.17, 6. Coahuila 39,622.92, 7. Jalisco 36,953.67, 8. Sonora 29,966.97, 9. Baja California 25,436.13, 10. Quintana Roo 23,792.13, 11. Michoacán 22,062.10, 12. Chiapas 20,211.03, 13. Tamaulipas 18,925.87, 14. Oaxaca 14,815.81, 15. Guanajuato 11,846.17, 16. Durango 10,477.19, 17. Morelos 7,493.55, 18. Yucatán 7,302.49, 19. Tabasco 7,225.26, 20. Zacatecas 7,206.53, 21. Nayarit 7,107.32, 22. Sinaloa 5,709.82, 23. Puebla 4,856.36, 24. Colima 4,638.15, 25. Hidalgo 4,169.60, 26. San Luis Potosí 3,920.51, 27. Guerrero 3,755.51, 28. Aguascalientes 3,425.65, 29. Campeche 2,705.17, 30. Baja California Sur 1,961.05, 31. Querétaro 72.00 y 32. Tlaxcala 0.00.
La insolvencia del pago de la deuda pública por parte de los gobiernos estatales con sus ingresos propios y la alta dependencia de la garantía de solvencia de las participaciones y aportaciones federales, se enfrenta a la prospectiva del manejo consolidado del saldo de las deudas estatales por parte de la actual administración pública federal para su conciliación, concertación y acuerdo de solución con la banca comercial y banca de desarrollo para lograr el saneamiento de las finanzas públicas y contribuir con el Tratado Comercial México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC) que se orienta a la integración del mercado de mayor volumen y valor económico a nivel mundial, conforme las prospectivas de la Cumbre de América del Norte con sede en nuestro país durante diciembre del 2022.
